Ángela Méndez es jubilada y cuenta con una póliza de seguros que renovó por un año en agosto de 2017, pero no tendrá más opción que acudir a los moribundos hospitales públicos: “Me cubre hasta cinco millones de bolívares por enfermedad y la semana pasada en tres clínicas privadas me informaron que la tomografía que debo hacerme cuesta cuarenta millones”. Las regulaciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora obligan a las empresas de seguros a mantener fijo durante doce